Por Francisco Sanchis Gadea
Licenciado en Ciencias Matemáticas
La coalición gubernamental, finales de 1935, se encontraba dividida y desprestigiada a causa de algunos escándalos que salpicaron al partido Radical de Alejandro Lerroux. El Gobierno presentó la dimisión y el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, en contra de lo que se esperaba, no llamó a José María Gil Robles para formar Gobierno, a pesar de ser el líder de la coalición, CEDA, con mayor número de diputados, por considerarlo un enemigo de la República y disolvió las Cortes el 7 de enero de 1936, fijándose nuevas elecciones para el domingo 16 de febrero.
La situación internacional, los rumores de un golpe de estado y el desencanto político fueron algunos de los argumentos que impulsaron a los partidos de izquierda a diseñar una gran coalición. Los republicanos se agruparon en un partido de masas, Izquierda Republicana, liderado por Manuel Azaña, que junto a otras fuerzas políticas y sindicales crearon el llamado “Frente Popular”, firmado a finales de enero de 1936, para concurrir a los comicios con un programa político, de mínimos, relativamente moderado. Los conservadores y liberales se organizaron en otra coalición conocida como “Frente Nacional”.
La campaña electoral fue larga, sin incidentes, con excesiva violencia verbal. La derecha, con mayores disponibilidades, proclamaba un nuevo régimen al augurar una inevitable revolución “bolchevique”. El Frente Popular insistió, en sus mítines, en el peligro del fascismo, los derechos de la clase trabajadora, la reforma agraria y el sistema educativo.
Los ciudadanos mayores de 23 años, sin distinción de sexo, tenían derecho al voto. La participación en los comicios fue muy elevada, superior al 70%. La diferencia de votos entre ambas coaliciones fue mínima pero la ley electoral de la República primaba a las grandes agrupaciones ya que la asignación de escaños se distribuía a través de una representación mayoritaria que benefició a la mayoría y el resultado se tradujo en una amplia superioridad, en número de escaños, a favor del Frente Popular. Nadie cuestionó su triunfo. Todos los observadores nacionales e internacionales aceptaron la legalidad de la victoria. Se constituyó un Gobierno formado por miembros de Izquierda Republicana, presidido por Azaña, y apoyado, parlamentariamente, por los Socialistas. Los intereses conservadores se alarmaron ante la situación, sucediéndose una espiral de agresividad para perturbar la estabilidad de la República. Las hostilidades se intensificaron produciéndose enfrentamientos que no cesaban a pesar de los esfuerzos conciliadores del Gobierno. Unos trataban, por todos los medios, desestabilizar el régimen para frenar la política reformista con alborotos y pistolerismo y otros respondían con posiciones más extremistas, asaltando círculos políticos y manifestando una violencia anticlerical. El Gobierno evidenciaba debilidad pues no lograba atajar los numerosos problemas que se vieron agravados al no prosperar el plan diseñado por Azaña de colocar al socialista Indalecio Prieto en la Jefatura del Gobierno y asumir, personalmente, la Presidencia de la República.
El Gobierno no fortaleció el sistema democrático minimizando el hervidero de rumores y amenazas involucionistas hasta que un grupo de generales felones se alzaron contra la República. Uno de los falaces argumentos que se utilizaron para justificar la insurrección militar fue el caos y la violencia callejera cuando en realidad lo que hicieron fue ascender el último peldaño de una trama organizada, por una parte del ejército y ciertos sectores económicos, que principió el verano de 1932 con la intentona del general Sanjurjo.
El sábado 18 de julio de 1936, se encontraban en Polop, Luís Deltell, líder provincial del PSOE y de la UGT junto con otros dirigentes provinciales; recibieron, mediante un escueto escrito, la noticia y marcharon precipitadamente. El fracaso del golpe de Estado devino en una cruenta guerra civil.
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