29.10.09

El anterior alcalde de Callosa comete irregularidades urbanisticas

30/10/09, Callosa d´en Sarrià
Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) demuestra como el Ayuntamiento de Callosa d´en Sarrià, en tiempos de Francesc Guardiola (PSOE), se apresuró para aprobar planes urbanísticos en proyecto antes de que entrara en vigor la nueva Ley Urbanística Valenciana (LUV). El Consistorio de Callosa d’en Sarrià, dirigido en la anterior legislatura por Francesc Guardiola hizo lo posible por evitar el cumplimiento de la disposición transitoria de la nueva norma que obliga a construir un número determinado de viviendas de protección pública. Así lo establece una sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJ, que da la razón a un particular que recurrió el acuerdo del Pleno municipal del 24 de enero del 2006 en el que se aprobaba y adjudicaba definitivamente el Plan de Actuación Integrada (PAI) Anibits-Maregequivir y el plan parcial de dicho sector. Los magistrados no sólo lo anulan porque la actuación no estuviera sujeta a ningún plan general de ordenación urbana (PGOU), sino que acusan al gobierno local de «desviación de poder». «La adjudicación del PAI había estado paralizada prácticamente desde el 18 de julio del 2005, pero la tramitación se acelera notablemente a partir de mediados de enero del 2006, hasta el punto de que el día 19 se emite informe por el arquitecto municipal, y el día 24 siguiente se aprueba y adjudica», relata la Sala. No en vano, esa adjudicación se produjo justo una semana antes de la entrada en vigor de la LUV y, por consiguiente, de la disposición transitoria que obliga a la previsión de viviendas de protección pública. «Dicha celeridad», a juicio del TSJ, «no está justificada, máxime si se tiene en cuenta que el procedimiento no estaba maduro, y la aprobación que se articula es manifiestamente deficiente». Ni siquiera se habían emitido los informes sectoriales que eran preceptivos y, en algún caso, vinculante. La sentencia supone un varapalo para la Administración demandada, pero también la constatación de las triquiñuelas urbanísticas de algunos políticos.

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